Mesa de Análisis y Desarrollo

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Propuestas para una alternativa de Izquierda

Chile requiere cambios de fondo
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Vivimos en una sociedad marcada muy profundamente por las extremas desigualdades que conlleva el desarrollo de un capitalismo periférico entregado completamente a la voracidad de las transnacionales, a los abusos sistemáticos de su propia “lumpenburguesía” [1] y a la exclusión política sancionada por el sistema institucional amarrado y amordazado que nos dejó como herencia la dictadura.

Más allá de nuestras fronteras, el dominio mundial de las transnacionales y de los poderosos Estados que las respaldan, reproducen a una escala gigantesca el cuadro de explotación, desigualdad, exclusión, opresión, desinformación y violencia permanente que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Las reacciones defensivas que los pueblos logran generar son sistemáticamente desacreditadas y condenadas por el monopólico aparato de desinformación que opera a través de los medios de comunicación masivos, siendo catalogadas como amenazas al “orden internacional” y a su seguridad por las grandes potencias imperialistas.

El pueblo trabajador chileno, cansado ya de los atropellos de los poderosos y de los engaños de una clase política que se ha puesto dócilmente al servicio de éstos, aspira a poner término a esta situación, a terminar con las injusticias y los abusos que padece. Para ello Chile necesita cambios profundos en el modo en que se halla actualmente organizada la vida económica, social, política y cultural del país, cambios que solo pueden producirse como resultado de, y en correspondencia con, la movilización social y política, unitaria y consecuente, que el pueblo trabajador sea capaz de desplegar desde una posición de clara independencia de clase.

Si las fuerzas de la izquierda anticapitalista, hoy dispersas y debilitadas, aspiran a estar a la altura de este desafío, potenciando al máximo su rol de impulsores de la conciencia, organización y movilización de las clases explotadas y oprimidas por el sistema, necesitan dar pasos decisivos hacia una unidad de acción permanente de sus actualmente pequeños contingentes militantes a fin de contar con la fuerza mínima necesaria para poder levantar y hacer conocida a lo largo y ancho del país, ante los ojos de todos los chilenos, una real alternativa política al actual modelo de dominación capitalista.

Desde esta perspectiva, es fundamental sostener de manera inequívoca una posición de clara oposición al Gobierno de la llamada “Nueva Mayoría” y a su proyecto político global, disimulado tras una retórica “progresista” pero dirigido en realidad a relegitimar el modelo de dominación del gran capital transnacional actualmente vigente. Solo sobre esa base logrará adquirir coherencia y confiabilidad, en el actual contexto político, la convocatoria que la izquierda pueda hacer a las amplias masas populares a organizarse y luchar por sus derechos y reivindicaciones fundamentales.

Es necesario, además, que las fuerzas de izquierda no se limiten a reaccionar frente a la acotada agenda de reformas propuesta o anunciada por el gobierno – cuyo propósito esencial es calmar el descontento popular para darle mayor estabilidad al sistema de explotación y dominación capitalsta – ni a desarrollar una resistencia circunscrita a espacios puramente sectoriales o territoriales acotados, y se muestren capaces de dar un impulso decidido a la lucha por una real democratización del país, por la plena recuperación de su soberanía económica y por las legítimas demandas de la población trabajadora, levantando con audacia y decisión su propio proyecto de sociedad.

Si bien es efectivo que la actual correlación de fuerzas políticas está aun lejos de hacer posible la realización plena de estos objetivos y demandas, también lo es que para ir modificándola en una dirección favorable a los derechos, intereses y aspiraciones populares es no solo necesario sino que indispensable que la izquierda de a conocer claramente y defienda con decisión y perseverancia el proyecto histórico de transformación social que orienta todos sus pasos. En tal sentido, consideramos que la unidad de acción política de la izquierda puede y debe darse en torno a los siguientes grandes objetivos programáticos:

A) POR LA DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA DEL PAIS

El poder oligopólico de que actualmente goza el gran capital transnacional, sea de origen nacional o extranjero, [2] le otorga una enorme capacidad de extorsión sobre la vida política nacional. Son los poderes fácticos que, al margen de la voluntad mayoritaria de la nación, le imponen a ésta sus condiciones a través de la elite política y los intelectuales obsecuentes que ellos financian y promueven para la creación del repertorio ideológico y la agenda política que su poderoso aparato comunicacional luego instala en el imaginario colectivo.

Dicha capacidad de imposición no se circunscribe al financiamiento y control de la vida política y cultural de la nación, sino que se apoya también y sobre todo en el claro control que se halla en condiciones de ejercer, y que de hecho ejerce, el gran capital transnacional sobre los destinos del país en la medida en que se encuentran enteramente en sus manos las decisiones claves para el futuro de éste. En efecto las decisiones referidas a la cuantía, tipo y localización de la inversión de los cuantiosos excedentes generados por la actividad económica son, en el marco del actual sistema económico, de su entera y exclusiva competencia.

El reconocimiento de los derechos que le confiere el poder que detenta actualmente el gran capital es, por lo tanto, claramente incompatible con la posibilidad de construir una sociedad realmente democrática, que esté en condiciones de orientar sus decisiones y su acción a satisfacer los derechos, intereses y aspiraciones de la inmensa mayoría. Es por eso que antes de que Pinochet abandonase La Moneda la clase dominante se aseguró de dejar instalado un régimen político-institucional refractario a toda expresión libre de la voluntad popular.

En por ello que se hace imperativamente necesario abrir paso a un proceso de democratización profunda de la sociedad chilena que consulte como objetivos centrales:

1. La convocatoria a una Asamblea Constituyente para la elaboración de manera democrática de una nueva Constitución Política del Estado .

 

Lo que dicha convocatoria reivindica, como fundamento insoslayable de cualquier sistema político que se reclame democrático, es el principio de la soberanía popular: es la voluntad popular, libremente expresada, el único fundamento posible de todo régimen efectivamente democrático, siendo la norma legal solo una manifestación de esa voluntad soberana.

En consecuencia, no es compatible con el espíritu de la democracia (demos = pueblo; kratos = poder), ni el continuar sometidos al rígido y autoritario marco legal impuesto por la dictadura, ni aceptar que una nueva Constitución sea fraguada, en nombre de la democratización política del país, por pequeñas cúpulas políticas y empresariales a espaldas del pueblo.

2. La democratización de todas las instituciones del Estado, civiles y militares, transparentando sus gastos y procedimientos y terminando con todos los privilegios .

El desarrollo de una cultura democrática que impregne toda la vida social es incompatible con la pervivencia de formas de autoridad y de poder autogeneradas que imponen sus decisiones de manera completamente discrecional sobre los demás. Este es, por ejemplo, el caso de las instituciones militares en que, en base al principio de la verticalidad del mando, se demanda, aun en tiempos de paz, un acatamiento ciego de las órdenes recibidas y una sumisión total a las autoridades superiores. Como sabemos, la invocación de la “obediencia debida” ha servido para obligar a los soldados a ejecutar golpes de Estado y desarrollar todo tipo de acciones represivas en contra de la población. Se hace necesario democratizar el modo de organización y funcionamiento de todas las instituciones públicas.

Además, la democracia no solo es la única forma de gobierno compatible con el principio de la soberanía popular, fundado a su vez en el reconocimiento de la igualdad de derechos para todos, sino también el mecanismo más eficiente para combatir el riesgo siempre latente de la corrupción de quienes buscan aprovecharse de los cargos que ejercen y las prerrogativas que éstos les confieren para beneficiarse a sí mismos. Desde esta perspectiva, si no va acompañada de manera permanente de una plena transparencia en el desempeño de las funciones de gobierno y administración del Estado, la democracia no pasa de ser un ritual que solo sirve de mascarada para legitimar poderes despóticos.

Solo la más completa democratización y transparencia, en el marco de un sistema político pluripartidista, que obligue a todos los funcionarios del aparato del Estado a responder públicamente por cada uno de sus actos y decisiones, puede impedir que las instituciones creadas para servir a la población y proteger sus derechos sean utilizadas, por el contrario, para crear castas de funcionarios despóticas y privilegiadas.

3. El reconocimiento constitucional de los derechos políticos y culturales de los pueblos originarios en el marco de un nuevo Estado plurinacional .

Chile es un Estado plurinacional en el que conviven diversas etnias y culturas pero en el que se ha pretendido desconocer esta realidad y forzar la total asimilación de los pueblos originarios a la cultura dominante nacida de la conquista y colonización española de este territorio. La democratización del país exige terminar con toda pretensión y práctica discriminatoria, tanto en el plano de las nacionalidades como en el de cualquier otro aspecto de la vida social (género, raza, credos, orientación sexual, etc.). En el caso específico de los pueblos originarios, sus derechos no han sido hasta ahora objeto del reconocimiento que merecen por lo que se torna imperativo y urgente reparar esta injusticia.

B) POR LA DEMOCRATIZACIÓN Y SOBERANIA ECONOMICA DEL PAIS

En estrecha consonancia con el impulso de un proceso de democratización de la vida política e institucional del país, se impone, por las mismas razones antes señaladas, proponerse e impulsar también un proceso de efectiva democratización de nuestra vida económica nacional. Dado, además, el fuerte sometimiento actual de nuestra economía a los intereses del gran capital transnacional, esta lucha se entrelaza con el objetivo de hacer realidad la plena soberanía de la nación en el plano de sus decisiones económicas.

Tanto el carácter dependiente de la economía chilena, relegada al rol de mera proveedora de recursos naturales, como las abismales desigualdades sociales a que ella da origen, son, en definitiva, el resultado que de manera más o menos inexorable nos reservó el desarrollo del sistema de explotación capitalista a escala mundial y el criterio de racionalidad que le es propio: la valorización del capital en el marco de la división internacional del trabajo impuesta por las grandes potencias y al que se adaptaron pasivamente las clases dominantes criollas.

La democratización de la vida económica supone terminar con la explotación del hombre por el hombre y con la depredación de la naturaleza como pilares de la producción, distribución y consumo, estableciendo la primacía de un criterio de racionalidad radicalmente distinto para impulsar y orientar las actividades económicas: la valorización de la vida. En otras palabras, supone terminar con el capitalismo como sistema de organización y funcionamiento de la economía y reemplazarlo por un sistema socialista basado en el reconocimiento y promoción de los derechos, intereses y aspiraciones de la inmensa mayoría, permitiéndole acceder a y poder disfrutar de una vida digna, segura y confortable, a la altura de las posibilidades abiertas por el desarrollo científico-técnico de la humanidad.

Desde esta perspectiva, las medidas que aparecen como claramente necesarias para establecer el control de la vida económica por la sociedad son:

1. La nacionalización de la Gran Minería y de todos los recursos hídricos y energéticos existentes en el territorio nacional

En lo que concierne a la Gran Minería, [3] esta medida no haría más que restablecer el control soberano de la nación sobre sus recursos básicos – y que constituyen su principal fuente de acumulación – ya alcanzado bajo el gobierno del Presidente Allende y reconocido como derecho incluso por la Constitución de Pinochet que actualmente nos rige, pero desconocido de hecho, tanto por la dictadura como por los gobiernos de la Concertación, al amparo de la legislación minera elaborada por José Piñera en base a la noción de “concesión plena”.

2. La socialización de todas las empresas estratégicas existentes en el territorio nacional, comenzando por aquellas que fueron privatizadas por la dictadura

La creación de un sistema económico democrático y soberano, es decir socialista, exige que todas las grandes empresas, que detentan actualmente un poder de carácter oligopólico (grandes industrias, sistema financiero, de distribución mayorista y minorista en gran escala, de transporte aéreo y marítimo, comunicaciones, etc.), y aun aquellas que no siéndolo puedan ser, por el tipo de actividades que realizan, de importancia estratégica para el desarrollo del país (centros de investigación de frontera tecnológica), pasen a ser de propiedad colectiva del pueblo chileno a fin de que puedan operar en exclusivo beneficio de éste.

La propuesta de organizar empresas de trabajadores bajo la forma de cooperativas no resulta socialmente apropiada para las actividades productivas en gran escala que han sido desarrolladas en el marco del sistema económico complejo que conocemos actualmente dadas las inmensas asimetrías de poder existentes entre este tipo de actividades y las demás. Si dichas empresas de alta productividad operasen en beneficio exclusivo de quienes trabajan en ellas solo se estaría reproduciendo por esa vía los privilegios y desigualdades, propias de una sociedad de clases, que deseamos superar.

No obstante, la democratización de la sociedad en todos sus niveles debe hacerse también presente en los modelos de organización y decisión empresarial, abriendo paso a diversas formas de autogestión de las unidades productivas por sus trabajadores o, en aquellas medianas y pequeñas en que el interés social aconseje su permanencia bajo un régimen de propiedad privada, mecanismos de control obrero establecidos y normados por ley.

3. El control estatal del comercio exterior para asegurar que éste se realice en clara correspondencia con los intereses del desarrollo económico nacional

Si se busca cautelar mediante el establecimiento de una economía socialista los intereses del pueblo trabajador chileno, ello exige regular los flujos comerciales y financieros con el exterior a objeto de que guarden sintonía con los objetivos del desarrollo económico nacional. Por lo demás, esto es algo que históricamente hicieron para poder desarrollarse, y que en los hechos también continúan haciendo en la actualidad para promover sus intereses, las principales potencias capitalistas.

Si bien es efectivo que, dadas las formidables ventajas tecnológicas y financieras alcanzadas por las grandes potencias capitalistas sobre las demás economías del planeta, las enormes escalas de producción requeridas para lograr costos competitivos en el mercado mundial, el carácter limitado de los recursos naturales disponibles y la extrema diversificación y complejidad de los sistemas de producción actualmente existente, ya no es posible pensar en proyectos nacionales de desarrollo capaces de consumarse en forma plena, sí es posible y necesario esforzarse por desplegar todo el potencial productivo que nuestras actuales realidades económicas permiten.

Ello porque, salvo que gocemos de una situación de pleno empleo de nuestra fuerza de trabajo, si importamos los bienes que estamos en condiciones de producir por nosotros mismos (vestuario, artefactos de uso doméstico, etc.) estaremos haciendo un uso socialmente ineficiente de las limitadas cuantías de divisas disponibles con las que podríamos adquirir, en cambio, aquellos bienes que, por ahora al menos, no estamos en condiciones de producir (equipamiento productivo, medios de transporte, aparatos de diagnóstico médico de alta tecnología, etc.).

4. La elaboración e implementación de un proyecto de desarrollo nacional sobre la base de una planificación central y democrática de nuestra economía

Si la constitución de una economía socialista aparece como el camino apropiado para enfrentar y resolver los gravísimos problemas creados por el capitalismo, como sistema económico basado en la primacía de los intereses particulares contradictorios que cobran expresión en los mercados a través de una permanente lucha de todos contra todos, es porque permite establecer la primacía del interés común y armonizar el conjunto de las actividades económicas en torno a los grandes objetivos que, en cada momento histórico, dan expresión al criterio de racionalidad que la organiza y orienta: la valorización de la vida.

La anarquía del mercado, fuente permanente de despilfarro de recursos que solo son asignados según los intereses particulares de los capitalistas que compiten entre sí, puede y debe ser superada entonces por una planificación económica global que permita optimizar, ya no el beneficio particular de cada empresa o consorcio capitalista que utilizan la planificación en función de sus propios intereses, sino el beneficio social de las inversiones productivas. Ello permitirá superar las aberrantes paradojas de un mundo en que conviven las mayores capacidades productivas hasta ahora conocidas por el ser humano, más que suficientes para garantizar a toda la población de planeta prósperas condiciones de vida, con los dramáticos cuadros de exclusión social y pobreza extrema que afectan a miles de millones de personas.

No obstante, como lo testimoniaron ya las fracasadas experiencias de los “socialismos reales”, para cumplir efectivamente su propósito de garantizar la optimización en el uso de los recursos en función del interés social, la planificación central de la economía no puede ser adecuadamente realizada en el marco de un sistema de poder burocrático unipartidista, como una suerte de nuevo despotismo ilustrado. Por el contrario, necesita ser diseñada, ejecutada y permanentemente monitoreada, como parte esencial de la vida política del país, en el marco de un sistema político pluripartidista, por mecanismos de debate y participación democráticos que recojan y expresen el sentir de la población.

C) POR LOS INTERESES, DERECHOS Y ASPIRACIONES POPULARES

El claro dominio que ejerce el gran capital transnacional sobre la vida económica, política y cultural del país le ha permitido desconocer en su exclusivo beneficio normas y derechos sociales básicos de toda sociedad que se precie de ser moderna. Así, bajo las condiciones impuestas por la dictadura, la clase dominante arrasó con las conquistas sociales alcanzadas hasta entonces por la población trabajadora de nuestro país, dejándola en condiciones de total indefensión y haciéndola víctima de toda clase de abusos.

Resulta hoy imperativo y urgente revertir esta situación para restablecer derechos sociales básicos en materia laboral, de educación y salud, habitacional y tributaria, impulsando la lucha por:

1. Una nueva legislación laboral que otorgue reconocimiento pleno y protección legal efectiva a los derechos de los trabajadores

Nuestros derechos laborales y salariales necesitan ser permanentemente protegidos por una legislación laboral que reconozca y valore la decisiva contribución que, en nuestra condición de trabajadores, todos nosotros aportamos al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, incluso en el marco de una sociedad socialista.

El derecho al trabajo debe ser asumido solidariamente por toda la sociedad, distribuyendo equitativamente entre sus miembros los requerimientos de fuerza de trabajo y avanzando progresivamente hacia una disminución de la jornada laboral que, con los niveles de productividad alcanzados, es hoy enteramente posible pero que en el marco del capitalismo lo impiden los intereses y condicionamientos imperantes.

2. El reconocimiento de la educación, la salud, la previsión y la vivienda como derechos básicos de carácter universal que el Estado debe garantizar

La sociedad debe garantizar solidariamente a toda su población un acceso adecuado a bienes que, como los servicios de educación, la atención de salud, una previsión digna y el acceso a una vivienda adecuada a las características del grupo familiar. En otros términos, la sociedad debe llegar a constituir un hogar del pueblo en el que cada uno de sus miembros se sienta debidamente reconocido y protegido.

3. El establecimiento de un sistema tributario efectivamente progresivo que permita financiar de manera solidaria el gasto público requerido

Los derechos sociales son una responsabilidad colectiva y solidaria del conjunto de los miembros de la sociedad, a cuyo financiamiento tienen la obligación de concurrir todos de acuerdo a sus reales capacidades contributivas. A diferencia del que impera actualmente en Chile, el sistema tributario debe adquirir un carácter progresivo, estructurándose de modo tal que asegure la justa distribución de las cargas impositivas, liberando además de todo tributo tanto a los bienes de primera necesidad, como los alimentos, el vestuario y el transporte de personas, como a los que fomentan el desarrollo de la cultura, como los libros y los espectáculos artísticos.

D) POR UN MUNDO SEGURO, SOLIDARIO Y SUSTENTABLE

Vivimos en un mundo fuertemente globalizado bajo la lógica e intereses del gran capital transnacional que está arrastrando al conjunto de la humanidad hacia una situación de desigualdades cada vez mayores, de creciente exclusión social, de generalizada violencia política y de amenazante degradación ambiental.

La humanidad toda necesita poner fin a las tendencias autodestructivas que son inherentes al desarrollo capitalista y avanzar hacia el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones internacionales, solidarias, pacíficas y constructivas. Para ello, es necesario impulsar desde Chile una política internacional basada en las siguientes líneas de acción:

1. Un categórico rechazo al accionar agresivo del imperialismo, que en función de sus afanes de dominio, despliega su aparato militar por todo el mundo

Nuestro objetivo debe ser la construcción de un nuevo mundo, sin poderes hegemónicos y capaz de garantizar iguales condiciones de existencia para todos los habitantes del planeta. Esto supone acabar con el capitalismo e instaurar el socialismo a escala mundial. En esa perspectiva es necesario desarrollar una oposición activa a la política agresiva e intervencionista que despliega el imperialismo en todos los rincones del planeta anteponiéndole una política de activa solidaridad entre los pueblos.

2. Un claro y decidido impulso a la creación y fortalecimiento de una nueva institucionalidad jurídica y política internacional, multilateral y democrática

La hegemonía de las grandes potencias se encuentra claramente plasmada en la arquitectura de la institucionalidad política y financiera internacional actualmente existente en las que ellas gozan de posiciones de privilegio como es el caso paradigmático del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se hace necesario entonces luchar por una nueva institucionalidad que, reconociendo iguales derechos a todas las naciones y laborando activamente por un mundo seguro, pacífico, sustentable y solidario, sea capaz de enfrentar y resolver los grandes problemas globales que aquejan actualmente a la humanidad: la catástrofe ambiental, las abismales desigualdades económicas y sociales y el peligro siempre latente de autoaniquilación asociado al inmenso arsenal de armas de destrucción masiva hoy existente.

3. La promoción activa de la integración económica y política de América latina, como parte de una política de solidaridad y cooperación entre los pueblos

América latina es la región del planeta más homogénea en términos culturales. La mayor parte de sus poblaciones habla un mismo idioma, comparte un imaginario colectivo de características similares y ha vivenciado también una trayectoria histórica parecida. Sus principales problemas son también similares como lo son sus causas. Solo la primacía de los intereses particulares de quienes desempeñan en ellos el rol de clase dominante permite explicar que aun se mantenga como una nación dividida en una multiplicidad de Estados y no haya logrado hasta el presente hablar en el escenario político internacional “con voz de pueblo-continente”. Es necesario trabajar activamente en esa dirección, buscando hacer realidad una efectiva integración política y económica del continente que permita una mejor defensa y promoción de los intereses comunes de nuestros pueblos.


[1] Concepto acuñado por André Gunder Frank para señalar el carácter subordinado y predominantemente rentista de las actividades productivas de las que, en el marco de la división internacional del trabajo, profitan las burguesías de la periferia.

[2] Esta frase subordinada busca evitar que lo expresado sea erróneamente interpretado como exclusivamente alusivo a una contradicción entre la nación y el imperialismo, exonerando de toda responsabilidad por los males que padecemos a la “burguesía nacional”. La línea divisoria que se traza es de carácter clasista, entre el gran capital, sea nacional o extranjero, y el resto de la población, y muy principalmente los trabajadores. Como sabemos, el gran capital de origen nacional opera hoy, en el marco de una economía globalizada, más allá de nuestras fronteras, es decir, también se halla transnacionalizado.

[3] Obviamente, no forman parte de esta categoría las pequeñas y medianas explotaciones mineras.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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